martes, noviembre 20, 2007

De guateque en el Ayuntamiento

La Real Academia define corrupción, entre otras cosas, como "en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". Eso es exactamente lo que ha ocurrido en el ayuntamiento de Madrid de un tiempo a esta parte; con el tema de las dichosas “Licencias de apertura de establecimiento”.

Pero el problema no termina en el Ayuntamiento de Madrid, ni mucho menos. El tema es mucho más serio, de lo que a cierta vista pueda parecer. El problema arranca de una Ley del Suelo, que en cierto modo, otorga los Ayuntamientos unos poderes más lógicos de épocas medievales que de una sociedad moderna en pleno siglo XXI. Si bien en el Ayuntamiento de Madrid había enquistada un trama por la cual se cobraba unas determinadas cantidades de dinero por la obtención de dichas licencias que solía rondar los 6000 euros, en otros ayuntamientos el tema puede ser y es preocupante, en el sentido de que quieren disponer de determinados suelos, desfavoreciendo el crecimiento de su tejido industrial y por ende, la riqueza del lugar, en aras de un crecimiento urbanístico salvaje y en cierto modo, desproporcionado.

Veran ustedes. Conozco el caso peculiar de un determinado Ayuntamiento, que desde el año 2000, un conocido mío comenzó a tramitar la Licencia de Apertura y desde entonces, solo ha encontrado obstáculos administrativos de toda índole. No hablamos de un bar o de una cafetería, hablamos de una sencilla industria normal y corriente. Cos su prevención de riesgos, con todos los papeles en regla en la Comunidad correspondiente... pero el Ayuntamiento… ¡con la iglesia hemos topado amigo Sancho!

Vamos, que después de presentar el proyecto (debidamente visado y aprobado por la Conserjería de Industria de la Comunidad correspondiente) y tres ampliaciones consecutivas que el dichoso Ayuntamiento obligó a realizar, y firmadas por el Arquitecto recomendado por el Ayuntamiento -¿esto no es una acto de corrupción?, ¿recomendar a alguien que te dicen que sí te lo puede arreglar desde el propio Ayuntamiento?- sigue sin tener licencia alguna. Si un día pasara algo grave… las consecuencias serian devastadoras.

El problema al cual nos enfrentamos no es precisamente baladí. Nos enfrentamos a que para abrir un negocio, uno tiene que pagar un cerro de duros por licencias de todo tipo que, si abogamos por el libre comercio y la libertad de empresa, no deberían ni existir, debiendo solo constatarse que se cumplen con las mínimas garantías de seguridad. Por eso, siempre que haces algo en cualquier ciudad o pueblo, no puedes pedirle a tu amigo del alma que sabe hacerlo o que tiene capacidad de hacerlo; debes acudir siempre al recomendado por el Ayuntamiento o al “hijo del alcalde, que es ingeniero” para que te haga el proyecto. A eso en mi barrio lo llaman CORRUPCIÓN; si bien no es como lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, en parte no deja de ser otra forma de corruptela, pero soterrada; en donde un profesional se lleva los cuartos en perjuicio de otros profesionales que puede llevar a cabo ese proyecto tan bien o mejor que el recomendado por el Ayuntamiento, o con un coste inferior; pues el del Ayuntamiento te cobra un Potosí. Si se entra a saco a limpiar los Ayuntamientos de corruptelas, habría que poner patas arriba los más de 10.000 Ayuntamientos que hay en toda España.

martes, octubre 30, 2007

Falta contra la convivencia

Según Libertad Digital, el caso del Instituto de Enseñanza Secundaria Alhendín, de Granada, no es único. En este centro, un alumno va a ser expulsado temporalmente como castigo a una "falta contra la convivencia", según ha calificado la Dirección su inasistencia a las clases de Educación para la Ciudadanía.
La familia del chico presentó la declaración formal de Objeción de Conciencia a la asignatura de adoctrinamiento ideológico y moral, un derecho constitucional al que se han acogido más de 17.000 familias en toda España. El Foro de la Familia señala que el chico ha sido tratado como un elemento anti-social por la Dirección del centro, "como si hubiera provocado un grave altercado contra sus compañeros o hubiera inferido daños de importancia en el material" escolar

La aplicación del castigo creará "un grave perjuicio" al alumno, que no podrá asistir al resto de las asignaturas del curso "con las correspondientes consecuencias contra su rendimiento escolar".
El Foro subraya que el expediente y la sanción son ilegales y "en ningún momento se ven amparados por el Decreto de la Junta de Andalucía 10/2007, de 23 de enero, de Medidas de Promoción de la convivencia en Centros sostenidos con Fondos Públicos".
El padre objetor de este alumno ha denunciado, además, que la profesora de Educación para la Ciudadanía ha hostigado a su hijo desde el primer día de clase. A la salida de una de las clases de la nueva asignatura, increpó al alumno en el pasillo en los siguientes términos: "¿Tus padres qué se han creído al presentar la objeción?".
Los intentos de la familia de hacer valer el derecho del chico han sido inútiles. Según el Foro, "la Dirección del centro ha mantenido su postura, afirmando que aplica el régimen general del centro y que el alumno falta injustificadamente a clase, lo que evidentemente no es cierto", señala la misma asociación cívica, "puesto que no asiste bajo el amparo de un derecho constitucional". No es el único caso de represalias en centros públicos de Andalucía contra alumnos cuyas familias han objetado a la asignatura de adoctrinamiento ideológico y moral.
"Amenazas, coacciones y abusos jurídicos" se están dando en otros colegios e institutos de la Junta andaluza, asegura el Foro de la Familia, que, al igual que otras organizaciones cívicas, como Profesionales por la Ética, presta apoyo jurídico permanente a las familias objetoras.

En otras palabras: ¿dónde está el derecho de los padres para decidir libremente la educación de sus hijos? ¿dónde están los derechos personales para decidir en conciencia lo que podemos hacer o no? Es como si a mi en su momento me coaccionan para hacer el servicio militar sí o sí, pese a mi negativa de hacer dicho servicio porque lo veo inútil. Si el ejercito hoy en día ha de ser profesional porque las técnicas militares actuales exigen de una preparación y dedicación profesional y se justificaba la objeción en ese punto; si un médico puede negarse a practicar un aborto porque en conciencia no desea hacerlo por convicciones religiosas... si en suma, la constitución ampara el derecho a la objeción de conciencia y defiende el principio de que los padres pueden elegir qué educación dar a sus hijos... ¿a que vienen esas coacciones?

Sin duda estamos ante hechos muy graves, que pone en evidencia que nos encontramos ante un "trágala o verás" muy típico de los matones de baja estofa. ¿acaso Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Abberroes... y otros tantos filósofos no nos enseñaban ética?

lunes, octubre 22, 2007

Una jaula de grillos

Lo que ocurre en el Tribunal Constitucional, es de “Juzgado de guardia”. Valga por delante la tontería, que no es tal; pero resume muy bien la gestión del Ministerio de Justicia del “Politik-boureau” del señor Ministro Bermejo.

Claro es, que el Tribunal Constitucional es la llave para que todo el entramado montado por el gobierno de este “pais”, no se vaya por el barranco en caída libre y sin cuerda. Por lo tanto su control es casi prioritario. En el desfile del día de la Fiesta Nacional, ya quedo muy patente la bronca que la Vicepresidenta del Gobierno, dio a la Presidenta del Tribunal Maria Emilia Casas Bahamonde. Puede que a la señora María Emilia Casas no la preocupe un pimiento el destino de su constitucionalidad de una determinada norma, en la que se debata su ajuste o no al texto constitucional; al decirla a la Vicepresidenta, que por ella no se preocupara. A quien más le preocupa es al Gobierno por lo que se ve.

En resumen: magistrados a la gresca, en un duelo muy similar a las peleas del Oeste, muy al estilo “tiroteo en OK Corral” en donde unos a otros se recursan, con tal de obtener una determinada mayoría que garantice o contentar al gobierno unos y con mantener la dignidad otros.