La ley de Memoria Histórica que la progresia trata de imponermos "porque sí, porque son mas y hacen lo que quieren porque les da la gana y todos a callar"; no es más que el despropósito de trata de imponer una verdad a su medida y concierto. De hecho, la ley prevee declarar ilegítimos los juicios del franquismo.
Esta afirmación, es de por si un despropósito. Verán. Si partimos de que los juicios (culaquiera de los juicios) celebrados durante la época que Francisco Franco fue Jefe de Estado en España, tiene tal condición, significa que cualquier sentencia, incluso del ámbito civil -ya no solo las penales dictadas a delincuantes comunes- ninguna estaria conforme a las leyes.
Observen el disparate. Esto significa que cualquier sentencia civil dictada en la época en le Frango era Gobernante NO TENDRIA VALIDEZ, y eso que se aplicaba la ya derogada Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de febrero de 1881... ¡mucho antes de que Franco llegara al poder! Con la Ley de enjuiciamiento criminal, ocurre tres cuartos de lo mismo. Con lo cual, el efecto que pueden provocar, es una avalancha de recursos extraordinarios de revisión de sentencias firmes en el Tribunal Supremo, con lo que su colapso, seria ya total. La ilegitimidad afecta a todas las normas, desde las procesales hasta las más comunes. Y aunque lo quieran restringir a un determinado campo, no deja de ser elocuente, que podría aplicarse a cualquier juicio. Otra cosa son las sentecias dictadas en órganos jurisdiccionales "a hoc", como el famoso TOP. Si lo que se pretendía era eso, flaco favor tambien se hace. Ya de por si, lo que no se puede es revisar lo sentenciado en el pasado porque el pasado es pasado, para bien o para mal. Lo que tenemos que hacer es aplicarnos el cuento en aprendernos bien lo que pasó, para que nunca mas se repita.
Una vez, oí a José María Sardá decir algo que tiene hasta sentido común: "una dictadura podra ser legal, pero nunca legítima; porque lo que a un sistema de la legitimidad es que cualquier ciudadano pueda emitir su opinión en una papeleta". Con independiencia del comentario que merezca tal afirmación, lo que viene a legalizar dicha norma, interín de calificar a los muertos como mejores o peores, de primera o se segunda categoría, es a instaurar la inseguridad jurídica, ya que cualquier sentencia civil o penal, dictada en dicho periodo, puede ser cuestionada y cuestionable.
Otro ejemplo más de la perversión del lenguaje. En cierto modo, la izquierda actual esta decidia a dar la vuelta a la tortilla como sea, aunque sea a costa de cargarse algo tan esencial como la seguridad jurídica.